¿Cambio necesario? Tendencias de Economía

México vive procesos extraordinarios, marcados por el liderazgo del gobierno de López Obrador, decidido a impulsar cambios en un contexto global y nacional extraordinariamente complejo y cargado de riesgos.

Un posible enfoque en este momento es enfocar las fallas de diseño o implementación en las acciones gubernamentales, que existen, y otro es prestar la mayor atención a la racionalidad de las propuestas y sopesar los requisitos de su viabilidad.

Una premisa clave para entender el momento es si se considera que había necesidad de cambiar el rumbo de la nación, o no. Asumo esta premisa, teniendo en cuenta que en lo que va del siglo XXI se ha acelerado el debilitamiento del Estado, que venía ocurriendo desde principios de los ochenta del siglo pasado, y en contrapartida -como era inevitable- se han fortalecido los poderes fácticos. , como la oligarquía económica y los cárteles de la droga.

Muchas personas que están en contra del gobierno repiten a menudo que ahora estamos peor que con gobiernos anteriores. Es cierto que el gobierno aún no tiene resultados para lucirse en casi ningún frente y que la pandemia lo ha complicado todo, desde las inversiones y el empleo, hasta la salud pública y la inseguridad en múltiples aspectos; pero también es cierto que Roma no se hizo en un día.

La pandemia hizo que todos vieran – Europa, EE.UU., Asia – que el bienestar social no puede abandonarse a la lógica de los mercados, perspectiva que ha dado lugar a medidas encaminadas a restaurar las capacidades del Estado para actuar con mayores responsabilidades sociales. . Cualquiera que lo dude, consulte el proyecto del gobierno de Biden.

El gobierno del presidente López Obrador va en la misma dirección, pero también debe tratar de dominar la corrupción descontrolada, y hacer que los grandes contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden, medidas ambas que lesionan intereses poderosos.

La estrategia económica del gobierno es de desarrollo integrado a la economía de Estados Unidos, como lo propuso el gobierno de Carlos Salinas, aunque ahora, se intenta revisar los términos contractuales de las inversiones en la explotación de recursos naturales.

Las acciones, que difícilmente son cuestionables, van seguidas de acciones; el plan nacional de desarrollo carece de metas e indicadores de progreso, pero existen 30 programas y proyectos prioritarios, varios de los cuales son transferencias monetarias recibidas por al menos un miembro de la familia del 60 al 75 por ciento de las familias.

Esos 30 programas se dividen en tres categorías u objetivos sectoriales: bienestar social, paz, seguridad y justicia y desarrollo económico. Existe convergencia entre ellos, aunque su avance va desde una mala o regular administración, a mejor en algunos casos.

Se trata, por ejemplo, de promover el desarrollo del sur y sureste del país, muy rico en recursos naturales pero pobre en infraestructura y habitado por los compatriotas más pobres; Concamin y CCE tienen identificados 36 proyectos relacionados con aeropuertos, carreteras, puertos, gas, parques tecnológicos en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán a los que esperan atraer inversionistas privados.

La cuestionable refinería Dos Bocas también forma parte de esas prioridades, pero lo mismo son los aumentos del salario mínimo, -que en 2018 podría comprar menos que en 1949- y que hasta ahora son del 44 por ciento, así como las acciones que buscan. para mejorar la democracia sindical.

Las principales preocupaciones de los críticos del gobierno se refieren a cambios administrativos para implementar la política, estrategia, proyectos y programas. En estos cambios se evidencia la intención de centralizar decisiones –necesarias en cierta medida– y las atribuciones transferidas del poder civil a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pero también la construcción de infraestructura y administración de algunos aeropuertos, puertos y aduanas. . , y acaban de ser asumidos por la recién creada Agencia Nacional de Aduanas (ANA).

La discusión sobre lo que está haciendo el gobierno de López Obrador se ha polarizado, lo que imposibilita iniciar un diálogo que suponga la consideración, en cada interlocutor, de que el otro puede tener razón; los cambios necesarios en el país no podrán materializarse y perdurarse si al liderazgo del gobierno no se suman empresarios consumados y sectores más amplios de la sociedad.

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