El 30 de agosto se inició el proceso de retorno al aula para la educación obligatoria en la mayor parte del país. Y justamente esa mañana presentamos, desde Aprender Primero, una solicitud de protección para que el regreso al aula esté enfocado en el auténtico bienestar y pleno desarrollo que corresponde a niñas, niños y jóvenes, y no en lo que acomoda a los adultos. o determinado arbitrariamente; todo ello examinado a la luz de lo que establece nuestra Constitución, y concretando el principio del interés superior del niño.
A diferencia de otras protecciones, la nuestra no se lleva a cabo en nombre de un grupo de niñas, familias o profesores específicos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció a Aprender Primero con el “interés legítimo”, es decir, con la acreditación necesaria y suficiente para defender derechos precisamente desde una perspectiva global. 11 tesis independientes sobre el rol de la sociedad civil, emitidas por la propia SCJN, reconocen que es una forma diferente de acreditar el “interés legal”, es decir, un impacto directo; Lo que tiene que hacer Aprender Primero en el litigio es demostrar que los derechos humanos de terceros están en riesgo por la acción u omisión de las autoridades.
El Primer Juez Federal, con sede en CDMX, definió una suspensión provisional a nuestro favor. Esta decisión del juez – argumentada exhaustivamente y con solvencia en su resolución – implica que, para cada niña, ese retorno seguro no puede ser fortuito, no puede depender de su buena suerte, del poder adquisitivo de su familia, de si está inscrita. en una escuela con el código postal correcto, o que sus maestros y administradores hagan sacrificios personales que sean injustos y desproporcionados.
Lo que ordena el juez es que la autoridad no rehuya su plena responsabilidad, y que el suministro de agua y materiales quede claramente en su cancha, para que esta disposición sea universal, sin discriminación ni exclusión. El agua en cada colegio, que es una perogrullada que da miedo de que sea exigida por los tribunales, 100 años después del Sistema Educativo y 18 meses después del cierre de las aulas, es ahora un mandato judicial.
Esta suspensión obliga a que el personal educativo y las familias no solo tengan ‘orientación’ y ‘sugerencias’, sino que también especifique cuáles son las tareas específicas que corresponden de manera obligatoria a cada autoridad; por ejemplo, no solo “reportar” un contagio, sino detallar lo que va a hacer la autoridad sanitaria.
El contenido de esta solicitud de protección no es nuevo, ni sorprende en nuestra interacción con las autoridades educativas. Durante meses hemos insistido a la SEP y Salud para poner protocolos auténticos, detallados y adecuados, y afirmamos que la Guía ha mejorado en sus sucesivas versiones, pero que no es un verdadero protocolo; En un micrositio web incluso ofrecimos un protocolo estándar, tomado de las buenas prácticas de nuestro propio país. Ahora el tribunal determina que esta tarea ya no se puede postergar ni rechazar, por parte de las autoridades federales.
La presión judicial no es para nosotros un movimiento mediático ni una cuestión personal con los funcionarios. Es hacer que el derecho a la educación sea exigible y justiciable; De poco sirve celebrar la ley en la retórica, si en la realidad no se alcanzan las condiciones mínimas para el aprendizaje, y en el caso que nos ocupa, tener estándares mínimos de capacidad, dar seguimiento, establecer un plan conjunto que dé certeza. y no ambigüedad, para cumplir ambos derechos: a la salud y a la educación.
Nos llena de esperanza pensar que, con esta resolución, los directores y docentes a quienes no se les aseguró que el suministro de materiales era continuo para su escuela, o que los deja a su discreción y sin el apoyo del personal, puedan conseguir de su consternación y angustia. los siguientes pasos en caso de sospecha de contagio. Nos anima y optimista pensar que las familias, especialmente las más vulnerables y marginadas, ya no tendrán que arreglárselas con máscaras improvisadas, sino que tendrán la certeza de que este elemento fundamental para la presencia de sus hijas e hijos en la escuela. no se convertirá en un costo adicional y prohibitivo. La escuela pública gratuita ahora debe incluir estos elementos.
Esta decisión de los tribunales sienta un precedente y es un verdadero hito. Confiamos en que las autoridades cumplirán estas obligaciones con cuidado, seriedad y diligencia, como corresponde a la dignidad de los cargos que se les encomiendan para la educación y salud de los mexicanos; Esperamos que su energía no esté en resistir, sino en que el regreso se haga con justicia.