Con 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones del PT, el pleno de la Camara de los Diputados, aprobó la opinión de elevan a rango constitucional el “3 de 3 contra la violencia” contra las mujerespara que los de juicio firme, como deudores de manutención infantil, acosadores o abusadores basados en el género dentro del ámbito familiar, sus derechos y prerrogativas quedan suspendidos y no pueden aspirar a ningún cargo público, cargo de elección popular o responsabilidad en el Nivel legislativo, ejecutivo o judicial.
Durante la discusión, el diputado del PT, Geraldo Fernández Noronapresentó un pedido suspensivo para detener la discusión del dictamen y luego generó un debate al señalar que con esta reforma los operadores de justicia tienen carta blanca, utilizarán la ley para sacar a los “compañeros” de la actividad política, pues dijo, “El poder judicial es corrupto”.
En respuesta, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y Diputada de Morena, Aleida Alavezgarantizó que la reforma no tiene dedicatoria para nadie y reiteró que nunca más habrá un infractor en la función pública.
“Aclaramos, esta reforma no es punitiva, ni lesiona los derechos de nadie, pues sólo limita el acceso a los cargos y al poder público a quienes sean sancionados con sentencia firme e inapelable, es decir, cuando pretendan participar como candidato, candidato para ocupar cargo en el servicio público. Este es un mensaje social muy claro, ningún agresor tendrá cabida, ningún espacio en este ni en ningún otro gobierno, ningún deudor o moroso de alimentos podrá recibir ingresos del erario público”, dijo Alavez.
Esta discusión se da 21 días después de que el Grupo Plural por la Igualdad de Género anunciara, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se llegó a un consenso con todas las fuerzas parlamentarias para aprobar la reforma.
Prevenir la violencia institucional
El objetivo de “3 de 3 contra la violencia” es prevenir la violencia institucional, elevar el nivel de ética pública y garantizar los derechos humanos de las mujeres. En su razonamiento, el dictamen establece que la elevación del “3 de 3” a la categoría constitucional dará seguridad a las víctimas respecto de la inelegibilidad de sus agresores.
“Por lo tanto, elevar a rango constitucional la medida “3 de 3 contra la violencia”, y establecerlo como requisito para ser inscrito como candidato o candidata a elección popular, o ser designado para cualquier empleo o comisión en el servicio público; daría a las víctimas de violencia de género la certeza de la inelegibilidad de sus agresores y supondría un importante paso adelante en la lucha para erradicar la violencia la violencia contra las mujeres” apunta al proyecto.
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El proyecto prevé reformas en los artículos 38 y 102 de la Constitución para establecer que “suspenden los derechos o prerrogativas del ciudadano por estar prófugo de la justicia o por haber cometido tres tipos de conducta violenta contra la mujer.
“Por haya adquirido cosa juzgada en cualquiera de sus especies o hipótesis penalespor delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y la normalidaddesarrollo psicosexual; Por haberse convertido en firme e inapelable en cualquiera de sus tipos o hipótesis penales, por violencia familiar, igualitaria o intrafamiliar, violación de la intimidad sexual o violencia política contra la mujer por razón de género; Porque quedó firme e inapelable como deudor en mora de alimentos”, dice el acta que fue entregada al Senado.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, sin más agresores en el poder público, ningún agresor del poder, la mujer no es un hecho, la mujer es una historia de vida y todos tenemos mucho que aportar”, ha dicho Blanca Alcalá en representación de la facción parlamentaria del PRI.
Con información de Jorge Almaquio García
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