Son varias las tesis que explican la evolución que ha tenido la propuesta de implementar un impuesto global a las corporaciones, desde ciertas posiciones académicas con varias décadas de existencia, hasta las discusiones del G7 y el G20 para finalmente llegar al grupo del Marco Inclusivo de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos. El jueves de la semana pasada, en una fecha que podría convertirse en histórica, 130 de 139 países aprobaron la propuesta que permite pasar a las próximas fases del proceso, y se espera que su aterrizaje en la legislación nacional sea expedito.
El plan de aplicación de este impuesto global tiene como principal objetivo reducir la competitividad de los denominados paraísos fiscales. A día de hoy, a pesar de que las leyes en el mundo combaten la transferencia de recursos a países con baja tributación, el flujo hacia esos países continúa representando una parte importante de las ganancias de las grandes corporaciones del mundo. Entre las medidas aplicadas a tal efecto se encuentra el conocido bloqueo de los precios de transferencia entre partes relacionadas, es decir, impedir que empresas del mismo grupo acuerden precios inferiores a los de mercado para trasladar el beneficio a la jurisdicción en la que se aplica el impuesto. es menos. Si una empresa en México vende un producto a su subsidiaria en las Islas Vírgenes Británicas al costo y esta última lo factura al comprador en los Estados Unidos, la ganancia se quedará en las Islas con una tasa impositiva menor al 1%. Al reducir la base imponible en México, el pago del impuesto sobre la renta se evapora y se evade el pago de utilidades a los trabajadores.
Lo anterior es solo un ejemplo de los múltiples mecanismos que se utilizan para justificar la salida de recursos a los paraísos fiscales, desde el pago de tasas hasta las regalías por Propiedad Intelectual. Algunos países incluso deducen el impuesto a los dividendos en el exterior, como señuelo para atraer capital a sus bancos. No es de extrañar, España, por ejemplo, sigue este criterio y países como Luxemburgo y Holanda contemplan esquemas similares. En nuestra región, el estado de Delaware en EE. UU. No aplica tasas de impuestos locales, lo que ha generado una concentración muy alta de empresas domiciliadas en esa demarcación.
Aunque no se dice en el discurso oficial, la iniciativa del impuesto corporativo global representa la batalla central contra las grandes empresas de tecnología, cuyo poder incontenible ha crecido para desafiar las capacidades de los gobiernos. Las leyes antimonopolio, en su lógica nacionalista, han demostrado su fracaso frente al crecimiento exponencial de Google, Facebooks, Amazons y Apples, observando impotentes la explosión mundial de estas entidades. Su poder, lo sabemos bien, ya no es solo económico, sino que su influencia se ha convertido en una amenaza real para la privacidad y las libertades.
Un hecho que expuso la forma de operar de las grandes capitales fue el episodio de divulgación de información de Documentos de Panamá, que expuso al mundo los complejos esquemas corporativos que se desarrollan para encubrir todo tipo de bienes y activos. Al establecer una tasa impositiva mínima del 15%, se busca desincentivar la migración de capitales a países de baja tributación, obligando a que los recursos permanezcan en los territorios donde se generan. Este es un principio de justicia que cambiaría una de las reglas esenciales que han impulsado al capitalismo, tal como lo conocemos hoy.