La estrategia llevada a cabo por el gobierno de “Abrazos, no Balazos” evita que las Fuerzas Armadas no solo rechacen las agresiones de los delincuentes, sino que también protejan a la población de los ataques del crimen, donde puede haber fuego cruzado.
La lucha por el control de regiones del país por parte de los cárteles de la droga es el pan de cada día y ante esto, la Guardia Nacional y la milicia hacen salidas y prefieren retirarse antes que provocar una masacre con pérdida de vidas humanas. incluso si son del lado de los malos.
Lo que ocurre en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas en cuanto a violencia criminal y número de desplazados, es solo la punta del iceberg de la violencia que, como el cáncer, hace metástasis en el resto del territorio nacional.
El partido que se rinde por el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional en el Palacio Nacional, debe evitar a toda costa un reporte de muertes aunque sean delincuentes a manos de las fuerzas del orden.
El ejército está atado de manos y mientras el Jefe Supremo no ordene lo contrario, los homicidios, las masacres y la formación de un narcoestado, seguirán aumentando y expandiéndose y en el corto plazo ni siquiera será posible regresar. a los niveles que tenían las tasas de criminalidad, en la pasada administración.
La intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones fue evidente y seguramente en las elecciones presidenciales de 2024 volverán a participar en apoyo al candidato que protege sus intereses.
Si 2019 fue el año más violento de los últimos años, 2020 lo superó y ahora 2021, señala la tendencia que los superará con creces. Las tasas de criminalidad de homicidio, secuestro, feminicidio, robo con violencia, despojo y extorsión continúan aumentando y lamentablemente no hay ningún elemento que nos diga que esa inercia se pueda siquiera frenar.
Es cierto que nuestro país es un paraíso para la delincuencia porque la impunidad es el denominador común que prevalece en las violaciones al estado de derecho. El delincuente sabe que no recibirá castigo por su ofensa contra la sociedad, al contrario es alentado por sus compinches a seguir cometiendo delitos.
La incidencia delictiva según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos generales va en aumento, particularmente en homicidios dolosos, donde entidades como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua concentran 50,7%.
Al menos 86.370 asesinatos ocurrieron desde diciembre de 2018 a mayo de 2021, el promedio mensual es de 2.879 víctimas (96 por día), esta cifra es muy superior a la registrada en los primeros meses de los gobiernos de Felipe Calderón y puntuada por Enrique Peña Nieto cuando tener la información.
Los expedientes iniciados por homicidio intencional en los primeros 30 meses con Calderón fueron 30.572, con EPN, 41.979 y con AMLO 72.892.
Más allá de los datos duros, podemos ver el fracaso de la estrategia del actual gobierno para combatir la violencia en México, y ante esto, la sociedad se ha quedado indefensa y a merced del crimen. Por supuesto, esta apreciación disminuye o aumenta según la entidad donde ocurren los delitos, sin embargo, la tendencia es generalizada y estados salvados como Yucatán, todos han puesto las alarmas de alerta ante el avance implacable de los malos.
Se entiende que la violencia responde a causas multifactoriales, sin embargo, también ante este diagnóstico, faltan políticas públicas integrales por parte de los tres niveles de gobierno para combatirlas.
Ante el apocalipsis de la violencia en México y el avance territorial de los grupos criminales, las voces que buscan tipificar cárteles de la droga y criminales promotores de la violencia, como terroristas y con ello, incluso aumentan las penas. e introducir la pena de muerte.
Donde no caminan con contemplaciones es en Estados Unidos, la iniciativa de etiquetar a los capos de la droga como terroristas ya se está discutiendo en el Congreso y con eso, no habrá fronteras para combatirlos.